Salarios, política y clases populares.

Estos días se habla mucho, por razones obvias, de las retribuciones de los representantes políticos en las distintas administraciones. En medio de una grave crisis económica es poco justificable que los que deben servir a la ciudadanía sigan manteniendo determinados privilegios. No obstante, para analizar en profundidad este asunto es necesario prestar atención a un aspecto generalmente poco advertido: la infrarrepresentación que tenemos las clases populares en las instituciones públicas (ayuntamientos, parlamentos autonómicos, Cortes Generales, etc.).

Se conoce como sufragio censitario a un sistema de votación en el que tanto los electores como los elegibles están restringidos: sólo puede elegir o ser elegida una parte de la población, según su nivel de renta, su sexo o su nacionalidad. Éste fue un sistema característico del siglo XIX y de comienzos del XX, que se contrapone al actual de sufragio universal, consistente en que todas las personas mayores de edad pueden elegir y ser elegidas. Ahora bien, aunque con este último sistema está claro que todos podemos elegir a nuestros representantes, ¿realmente podemos todos ser elegidos por la ciudadanía? O, enfocando mejor el problema: ¿acceden las clases populares (estratos sociales medio-bajos y bajos) a la posibilidad de ser elegidos como representantes públicos en igualdad de condiciones respecto a las clases privilegiadas (estratos medio-altos y altos)? Aunque desde el punto de vista estrictamente legal la respuesta es sí, la realidad nos dice lo contrario. Veamos.

En las últimas cinco legislaturas del Parlamento de Canarias, de 174 diputados sólo un 3%, es decir, 6 diputados, trabajaban como asalariados para la empresa privada. El resto, 169 diputados, eran funcionarios (mayoritariamente grupo A), profesionales liberales (médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, etc.) o empresarios¹. Las clases populares en Canarias, que conforman un 70% de la población, están representadas en un 8% en el Parlamento de Canarias, lo que convierte a este supuesto órgano de representación popular en una institución gestionada por una élite minoritaria que, con sus medidas, dificulta enormemente el acceso de las clases populares a la política.

En los escaños del Congreso de los Diputados hay más de un 50% de funcionarios; les siguen los diputados que han ostentado cargos públicos en administraciones locales o regionales, luego los profesionales liberales y a continuación los empresarios y directivos². Las clases populares apenas tienen representación en este otro órgano de representación popular.

En las administraciones más cercanas a la ciudadanía, los ayuntamientos, también se reproduce esa sobrerrepresentación de la élite política, con lo que las clases populares apenas tienen voz que represente sus intereses en las corporaciones municipales. Como conocedor de primera mano del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, diré como ejemplo que la nueva corporación está formada en una amplísima mayoría por funcionarios o profesionales liberales.

La pérdida del puesto de trabajo una vez finalizado el mandato electoral, el perjuicio económico y laboral que causa asistir a órganos de gestión de las administraciones, el no disfrutar de días de permiso en periodo electoral, etc., hacen que las clases populares se alejen paulatinamente de la política, dejando así todo el poder en manos de aquellos estratos sociales (funcionarios, profesionales liberales y empresarios) a los que aspirar a un cargo electo y ejercerlo no les causa prácticamente ningún perjuicio. Esta élite, minoritaria en la sociedad pero ampliamente mayoritaria en las instituciones, ejerce ocupaciones con ingresos medio-altos y altos. Al pasar a la actividad política, no quieren perder esos privilegios, por lo que se autoadjudican esos salarios que ahora tanto nos escandalizan.

Tal vez sea el acceso de las clases populares a cargos de representación política una de las recetas que ayudaría a reducir y racionalizar los salarios en todas las administraciones públicas y a impedir que los cargos electos vivan de espaldas a la ciudadanía, como ocurre actualmente. Es necesario articular medidas para que los trabajadores y las trabajadoras de la agricultura, la ganadería, la hostelería, la industria, la artesanía, etc., puedan sentarse en los órganos de representación popular.

En definitiva, toca hacer una reflexión seria sobre este asunto, o en la práctica no habremos avanzado mucho más de lo que se reflejaba en aquel artículo 15 de la constitución española de 1845, que decía “Solo podrán ser nombrados senadores los españoles que además de tener treinta años cumplidos pertenezcan a las clases siguientes:(...) Ministros de la Corona. Consejeros de Estado, Arzobispos, Obispos, Grandes de España, Capitanes generales del Ejército y Armada (...)”. Cámbienlo por funcionarios (principalmente del grupo A), empresarios, profesionales liberales, directivos, etc., y se acercarán bastante a lo que, en la práctica, sucede actualmente.

Jonás González, concejal de IUC en el Ayto. de Puerto de la Cruz

1 Javier Sánchez Herrera. La élite parlamentaria de Canarias: perfil sociodemográfico. Revista de Sociología Política.

2 Pablo Uñate Rubalcaba. Parlamento y Ciudadanía en España. ¿25 años de desencuentros?

Resumen de las propuestas aprobadas en el primer pleno municipal

Con la finalidad de que el Ayuntamiento esté más cerca de la ciudadanía, Jonás González, comparte en las redes sociales un resumen de las propuestas aprobadas en el primer pleno de la nueva corporación. Se trató de llegar a acuerdos intermedios para conseguir un consenso de todos los grupos de gobierno pero no fue posible establecer encuentros. 

 - Los plenos serán los terceros lunes de cada mes a las 17.00 horas.

- Se crearon 8 comisiones informativas y dos específicas.

- Los salarios de los concejales genéricos es de 3.120 €/mes brutos. Los que tienen dedicación parcial cobrarán 2.440 €/mes brutos.

- La asistencia a plenos es de 210 €, a comisones de 80 €, a junta de gobierno de 160 €, a junta de portavoces de 135 €.

- Se crean 9 cargos de confianza (7 secretarías de alcalde y concejales, un encargado de protocolo y un encargado de prensa)

- Se aprueba una nueva declaración de bienes de los concejales que podrá ser publicada en la Web municipal.

- La asignación por grupo municipal será de 360 € y por cada concejal 210 €

A grandes rasgos estos fueron los acuerdos tomados en el pleno de hoy. Poco a poco iremos valorándolos.

Jonás González promete el cargo de concejal

COMPROMISO Nº 02

"Si fuera necesario llegar a acuerdos para formar gobierno, sólo pactaremos con organizaciones que tengan en sus programas políticas progresistas, de desarrollo sostenible, de trabajo real en los barrios y de igualdad de -oportunidades. No pactaremos con quien sea por poder, nos quedaremos en la oposición."

La Asamblea local de Puerto de la Cruz comparte el Acta de concejal de Jonás González con IU La  Orotava como muestra de agradecimiento al apoyo que han recibido y como reconocimiento al trabajo de Izquierda Unida en La Orotava. ¡Gracias a los compañeras y compañeras del municipio vecino! 

IUC hace públicos los ingresos y el patrimonio de su concejal electo y los gastos de campaña

La formación de izquierdas cumple así con su compromiso de transparencia adquirido durante la campala electoral

Izquierda Unida Canaria (IUC) del Puerto de la Cruz hace públicos, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los electores, los ingresos y el patrimonio de su coordinador local y concejal electo, Jonás González, y los gastos derivados de la reciente campaña electoral. La formación de izquierdas aboga por la transparencia en la gestión municipal para acercar la política a la ciudadanía e ir avanzando hacia un modelo de mayor participación vecinal en la gestión pública, y entiende que, por coherencia, debe aplicarse a sí misma esa transparencia que reclama para el consistorio. 

Tal como consta en su declaración del IRPF, los rendimientos del trabajo de González durante el ejercicio 2010 ascendieron a 22.123,50 euros brutos, repartidos en doce mensualidades con dos pagas extras prorrateadas. Los ingresos provienen de su trabajo como coordinador y redactor de programas sociales y de empleo en una red de ONG de Tenerife. Respecto a su patrimonio personal, el concejal electo cuenta con una vivienda situada en el barrio de Punta Brava adquirida en mayo de 2008 y participada al 50% que tiene un valor aproximado de 120.000 euros. Para comprarla, solicitó un préstamo hipotecario en 2008 pendiente de saldar en 94.527,34 euros a fecha de 1 de mayo de 2011. González no cuenta con participaciones en ninguna sociedad mercantil, ni con planes de ahorro, seguro de vida o plan de pensiones. En enero de 2011 adquirió un vehículo de segunda mano modelo Opel Astra 1.6 por un importe de 5.500 € pagados al contado. En la actualidad, su saldo en la cuenta corriente se sitúa en los 4.300 €.

En cuanto a los gastos derivados de las recientes elecciones, la asamblea de IUC del Puerto de la Cruz revela que empleó 750 euros en la precampaña, fundamentalmente para dar a conocer la iniciativa Doña Esperanza, y 2.200 euros durante la campaña, que sirvieron para adquirir los carteles del candidato, los programas electorales y las papeletas electorales, y para cubrir pequeños gastos de ferretería.

El coordinador local y concejal electo de IUC recuerda que la publicación de esta información en medios de comunicación y redes sociales era un compromiso adquirido ante la ciudadanía durante la campaña electoral, y considera que su cumplimiento es una muestra de que la palabra de Izquierda Unida es un valor seguro e inamovible. González quiere que la ciudadanía conozca su patrimonio e ingresos antes de entrar al ayuntamiento y se compromete a volver a hacerlos públicos al terminar el mandato o antes de que éste finalice en el caso de que se produzcan variaciones. Con esta medida, González quiere mostrar que no está en la política para enriquecerse sino para servir a la ciudadanía.